La inversión en obra pública en Andalucía durante 2024 por parte del conjunto de las administraciones se situó en 3.663 millones de euros, con una subida del 3,2% con respecto al ejercicio anterior.
Málaga, sin embargo, es una de las cinco provincias que presentan caídas, con un descenso del 21%, al pasar de 512,5 millones en 2023 a 402,4 en 2024.
La provincia malagueña se sitúa como la cuarta en el ránking regional de inversión (en 2023 fue segunda) tras Sevilla, Almería y Granada, que obtienen 1.333, 433 y 428 millones, respectivamente. A continuación, se sitúan Cádiz (332,2 millones); Jaén (279,8); Córdoba (239,7); y por último Huelva, que solo logró inversiones de obra pública por valor de 127,8 millones.
Andalucía en cifras
En el conjunto de Andalucía, es el Gobierno central la administración más inversora (37% del total) con un volumen prácticamente idéntico al de 2023 con 1.356,8 millones. A continuación, la Junta acapara el 31% (1.137,4 millones) y los ayuntamientos un 25,3% (925,4 millones). El resto se reparte entre otros entes, especialmente las diputaciones provinciales (174,8 millones) y las universidades (39,2 millones).
Examinado los tres primeros organismos, destaca la subida registrada por el Ejecutivo autonómico, que ha elevado la inversión en un 17,5% superando por primera vez desde 2009 la barrera de los 1.000 millones, mientras que los ayuntamientos vuelven a reducir su partida económica, en esta ocasión en un 9%. Es el segundo ejercicio consecutivo que experimentan un retroceso después de que en 2022 rozasen récords históricos con 1.200 millones, coincidiendo con año preelectoral.
Por provincias
En términos interanuales, sólo tres provincias mencionadas mejoran sus cifras con respecto a 2023, colocándose Sevilla en cabeza (171%), por delante de Jaén (59%) y Almería, con el 3%. Las mayores caídas se dan en Cádiz y Huelva (ambas con -57%) y Córdoba (-25%). Málaga retrocede un 21% y Granada lo hace un 10%. El «espectacular incremento» en la provincia sevillana se debe, sobre todo, a las obras del metro y a la fuerte inversión municipal, especialmente de su capital.
Bajan las adjudicaciones a empresas andaluzas
Igualmente preocupante es la caída de las adjudicaciones a empresas andaluzas, que apenas representó en 2024 un 50% del total, el porcentaje más bajo desde 2014.
Este cambio de tendencia con respecto a lo que venía sucediendo en la última década se debe, casi de manera exclusiva a la Junta de Andalucía y, más en concreto, a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, la cartera más inversora con gran diferencia sobre el resto al acaparar el 70% del importe para obra pública del Ejecutivo regional con 800 millones de euros.
De esta cifra, casi dos tercios fueron a parar a compañías de fuera de la región, lo que ha provocado que la Junta solo destinase un 47,3% a empresas andaluzas, casi veinte puntos porcentuales menos que en 2023 y el guarismo más bajo en la serie histórica, que se remonta a 2002.
Por el contrario, el Gobierno central ha elevado sus adjudicaciones a empresas andaluzas (pasa al 35% frente al 24% de 2023), mientras que ayuntamientos y diputaciones siguen confiando en las firmas regionales con un 67,2% y 88,2%, respectivamente, de las inversiones totales que acometen.
Los porcentajes del Gobierno y la Junta deben mejorar ya que la mayoría de las comunidades autónomas «apoyan de manera decidida a su tejido empresarial, porque lo consideran prioritario para generar riqueza y empleo».
«El desplome en las adjudicaciones de la Junta supone un retroceso sin precedentes sobre el que requerimos una actuación decidida, pues refleja una clara tendencia hacia los grandes grupos en detrimento de nuestras empresas», señala.
Bajas temerarias y empresas públicas
Las denominadas ofertas temerarias ponen en riesgo la inversión a realizar, fuerzan la competencia con bajas excesivas dificultando las condiciones del sector y pueden, además, suponer la introducción de un criterio de subjetividad en las adjudicaciones al poderse admitir o no las justificaciones de temeridad que se presentan”.
Asimismo, se advierte una alarmante y creciente utilización por parte de las administraciones de medios propios para la realización de las obras y proyectos. En relación con este sector, en Andalucía recurren principalmente a Tragsa, Tragsatec, la agencia Amaya e Ineco, superando en conjunto los 400 millones de euros. Estos encargos directos merman la competencia de las empresas privadas, extrayendo importantes inversiones de la licitación y, por tanto, libre concurrencia.
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