La escalada de la tensión en Oriente Medio y el impacto que el conflicto entre Irán y Estados Unidos está teniendo en los mercados energéticos comienza a trasladarse al ámbito jurídico empresarial en España. Varios despachos especializados en contratación mercantil y en el sector de la construcción señalan que promotores y constructoras están dando pasos hacia renegociaciones contractuales ante el riesgo de un nuevo repunte de los costes de energía y materias primas.
Las consultas se concentran sobre todo en iniciativas de obra de cierta envergadura y están dando lugar a lo que algunos abogados ya describen como una incipiente ola de revisiones contractuales, especialmente en contratos cerrados poco antes del estallido del conflicto o que están ahora en fase de negociación.
El foco se sitúa especialmente en contratos de obra sujetos a derecho privado, habituales en gran parte del sector de la construcción. Se trata de proyectos que van desde promociones residenciales hasta infraestructuras industriales o equipamientos como colegios, hospitales o instalaciones deportivas, con presupuestos multimillonarios y cuya ejecución puede prolongarse durante varios años.
En este tipo de contratos, el principal riesgo aparece cuando se firman a precio cerrado. «En España la práctica habitual en los contratos de obra privados es el precio cerrado, lo que implica que el contratista asume gran parte del riesgo si los costes se disparan durante la ejecución», explica Mercedes Bértolo Martín de Rosales, socia de GTA Villamagna.
Pérdidas económicas a la vista
Lucía Puente, senior de Litigación en Ontier, explica que el impacto del conflicto se ha dejado notar con rapidez en determinados sectores intensivos en energía.
«Escasos días después del comienzo de la guerra en Irán y el bloqueo del Estrecho de Ormuz empezamos a recibir consultas de clientes sobre diversos aspectos que afectaban a sus contratos«, señala Puente. «La incertidumbre y la tensión que el conflicto bélico ha provocado en el panorama internacional está generando altos repuntes en los precios del combustible y la electricidad, lo que, lógicamente, ha encarecido el precio de los materiales«.
Según explica la abogada de Ontier, algunos clientes ya están asumiendo costes que no estaban contemplados cuando se fijó el precio del contrato. «Algunos de nuestros clientes están incurriendo en gastos que no habían sido considerados a la hora de fijar el precio del contrato. Por ello, la mayoría de las consultas están relacionadas con los mecanismos legales y contractuales que pueden utilizarse para paliar estas pérdidas económicas y devolver el equilibrio económico a la relación contractual».
El regreso de las cláusulas de revisión de precios
En este contexto, la incertidumbre energética ha vuelto a poner en el centro de la discusión jurídica las llamadas cláusulas de revisión de precios o de indexación. Estos mecanismos permiten actualizar el precio del contrato en función de la evolución de determinados índices -por ejemplo energía, transporte o materias primas- durante la ejecución del proyecto.
Este tipo de cláusulas se generalizó en muchos contratos tras el shock de costes provocado por la guerra en Ucrania en 2022, cuando el aumento de los precios de la energía y de determinadas materias primas obligó a muchas empresas a renegociar condiciones económicas para evitar que algunos proyectos resultaran inviables.
Sin embargo, en los últimos meses algunos promotores habían empezado a eliminar estas cláusulas de los contratos. «En el periodo previo a la escalada actual se estaba viendo una tendencia a eliminar las cláusulas de revisión de precios, porque muchos promotores entendían que las fluctuaciones del mercado ya formaban parte del riesgo empresarial», señala Bértolo.
La tensión geopolítica en Oriente Medio ha vuelto a situar en el centro del debate el precio del petróleo y del gas, factores que afectan de forma directa o indirecta a buena parte de los costes asociados a la construcción. Materiales como el cemento o el acero son especialmente sensibles a la evolución de los costes energéticos, mientras que el transporte de materias primas también depende en gran medida del precio del combustible.
Distintas fórmulas
Desde el punto de vista jurídico, las consultas se centran tanto en mecanismos contractuales como en figuras legales que permitan reequilibrar los contratos. «Desde un punto de vista contractual, se están revisando previsiones como las cláusulas MAC (Material Adverse Change) o cláusulas de onerosidad excesiva o hardship«, explica Puente. «En cuanto a los mecanismos legales y jurisprudenciales, se está analizando la posibilidad de aplicar figuras como la fuerza mayor, la imposibilidad sobrevenida o la conocida doctrina rebus sic stantibus«.
Otras fuentes jurídicas apuestan por la conocida figura de la fuerza mayor como uno de los marcos previsibles de actuación si la situación se prolonga, aunque otros expertos recuerdan que la aplicación de estas figuras jurídicas no siempre resulta sencilla en contratos de obra. «La doctrina de la rebus sic stantibus se ha interpretado de forma restrictiva por los tribunales», señala Bértolo. «El incremento de costes puede alterar el equilibrio económico del contrato, pero no necesariamente impide su ejecución, por lo que en la práctica la solución suele encontrarse antes en los mecanismos previstos en el propio contrato o en la renegociación entre las partes.
Análisis jurídicos del sector remarcan igualmente que la combinación de contratos a largo plazo y precio cerrado es uno de los factores que más tensiones genera cuando se producen cambios bruscos en el entorno económico. «Los contratos de obra se pactan generalmente sin posibilidad de modificar el precio durante su ejecución, lo que provoca tensiones cuando se produce un incremento significativo de los costes de materiales o de la mano de obra», señalan desde el despacho Ceca Magán Abogados en un informe sobre el impacto de la inflación en el sector de la construcción.
En el sector de la construcción se teme que la volatilidad energética actual vuelva a tensionar los contratos de obra. La Confederación Nacional de la Construcción advierte de que el conflicto en Oriente Próximo amenaza con provocar una nueva escalada en materias primas clave -como petróleo, gas, acero, aluminio o asfalto- en un sector donde los costes de muchos materiales ya se han disparado más de un 45% desde 2021. Con proyectos cuya ejecución puede prolongarse entre 24 y 36 meses, la capacidad de prever los costes se vuelve cada vez más limitada.
Fuente: Voz Pópuli
Comentarios recientes